Actualizado: 3 de octubre de 2026. Una segunda corte federal bloqueó la implementación del pago extraordinario de $100,000 relacionado con determinadas peticiones de visa H-1B. La decisión, emitida el 30 de septiembre por el juez federal Haywood S. Gilliam Jr., del Distrito Norte de California, añade una nueva derrota judicial para la política que el presidente Donald Trump creó en 2025 y extendió en septiembre de 2026.
El punto central no es que el programa H-1B haya desaparecido ni que todas sus tarifas hayan sido eliminadas. Lo que la corte frenó son las políticas de las agencias federales que implementaban el pago extraordinario de $100,000. La orden afecta la implementación realizada por agencias como el U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS, Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) y el Departamento de Estado.
¿Qué es la visa H-1B?
La H-1B es una visa temporal de trabajo utilizada por empleadores estadounidenses para contratar profesionales extranjeros en determinadas ocupaciones especializadas. El programa fue establecido por el Congreso en 1990 y se utiliza especialmente en tecnología, ingeniería, salud, investigación, educación y otras profesiones que requieren conocimientos especializados.
El límite general establecido por ley es de 65,000 visas sujetas al cupo anual, más otras 20,000 para determinados profesionales con títulos avanzados obtenidos en instituciones estadounidenses. Existen además peticiones H-1B que no están sujetas a ese límite.
De dónde salieron los $100,000
El 19 de septiembre de 2025, Trump firmó la Proclamación 10973. La medida restringió la entrada de determinados trabajadores H-1B salvo que la petición correspondiente estuviera acompañada o suplementada por un pago de $100,000, sujeto a excepciones limitadas.
La Casa Blanca justificó la política argumentando que existían abusos del programa H-1B, desplazamiento de trabajadores estadounidenses y contratación de trabajadores extranjeros con salarios inferiores en determinados sectores. Las agencias federales publicaron posteriormente memorandos y orientaciones para explicar a quién se aplicaba el pago, cómo debía realizarse y qué casos podían quedar exceptuados.
El 18 de septiembre de 2026, Trump emitió la Proclamación 11069, extendiendo la política durante otros 12 meses, hasta septiembre de 2027. La proclamación oficial puede consultarse en la Casa Blanca y en su publicación en el Federal Register (Registro Federal).
La nueva decisión de California
El caso se llama Global Nurse Force et al. v. Trump et al., No. 25-cv-08454-HSG. Entre los demandantes se encuentran empleadores, organizaciones y otros actores afectados por la política.
El juez Gilliam concluyó que las políticas utilizadas por las agencias para implementar el pago tenían características de reglas legislativas. Eso es importante porque, bajo la Administrative Procedure Act (APA, Ley de Procedimiento Administrativo), las agencias normalmente deben seguir un procedimiento formal que incluye publicación, aviso y oportunidad para que el público presente comentarios antes de establecer ciertas reglas con efectos jurídicos.
La corte determinó además que los demandantes probablemente tendrían éxito en su argumento de que las políticas eran arbitrarias y caprichosas porque las agencias no consideraron adecuadamente alternativas ni los intereses de quienes habían organizado sus actividades dependiendo del sistema existente.
La orden anuló y devolvió a las agencias las políticas de implementación y prohibió a las agencias aplicarlas mientras no se realice el procedimiento de aviso y comentarios exigido por la APA y los análisis correspondientes bajo la Regulatory Flexibility Act (RFA, Ley de Flexibilidad Regulatoria). Puede consultarse la orden judicial publicada en el expediente.
¿Por qué la corte consideró que existía un daño real?
El expediente contiene ejemplos que muestran por qué $100,000 adicionales pueden transformar una petición migratoria en una contratación económicamente imposible. El juez citó, entre otros casos, a un consultorio de nefrología que había tenido dificultades para contratar médicos y a una escuela rural que necesitaba profesionales extranjeros para cubrir determinadas vacantes.
Para conceder una medida cautelar, no basta con que los demandantes discrepen con una política. Deben demostrar, entre otros elementos, una probabilidad de sufrir un daño irreparable. Gilliam determinó que los demandantes habían demostrado esa probabilidad.
No es la primera corte que bloquea la política
La decisión de California es especialmente relevante porque llega después de otra derrota del Gobierno federal.
El 8 de junio de 2026, el juez federal Leo T. Sorokin, del Distrito de Massachusetts, falló en California et al. v. Mullin a favor de una coalición de 20 estados que había impugnado las políticas utilizadas para implementar el pago. Esa corte declaró ilegal la política de implementación y la anuló. El Gobierno apeló el 11 de junio ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, que posteriormente rechazó la solicitud del Gobierno de suspender la decisión mientras se tramita la apelación. El historial oficial del litigio puede consultarse en el registro del Departamento de Justicia de Oregon.
Pero existe una decisión judicial en sentido contrario
El panorama judicial no es completamente uniforme. En Chamber of Commerce v. U.S. Department of Homeland Security, una corte federal del Distrito de Columbia llegó en diciembre de 2025 a una conclusión diferente y sostuvo la proclamación y el pago de $100,000. Ese caso fue apelado ante la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia.
La existencia de decisiones distintas es jurídicamente importante. El propio juez Gilliam señaló en su orden que dos litigios anteriores habían alcanzado conclusiones diferentes y anticipó que la Corte Suprema de Estados Unidos probablemente tendrá que aportar mayor claridad en algún momento.
Entonces, ¿se están cobrando ahora los $100,000?
Las políticas de las agencias que implementaban ese pago están actualmente bloqueadas judicialmente. La orden de California prohíbe a las agencias demandadas hacer cumplir o implementar esas políticas en los términos establecidos por la corte.
Eso no significa que la controversia haya terminado. El Gobierno puede continuar litigando y apelando, y una corte superior puede modificar el panorama. Tampoco significa que hayan desaparecido las demás tarifas ordinarias relacionadas con una petición H-1B.
Ejemplo 1: empresa que quiere contratar a un ingeniero en el extranjero
Supongamos que una empresa estadounidense encuentra en España a un ingeniero especializado y pretende presentar una nueva petición H-1B que, bajo las políticas impugnadas, habría quedado sujeta al pago extraordinario. La empresa no debe interpretar la proclamación de $100,000 de manera aislada: las políticas administrativas que hacían operativo ese cobro están bloqueadas por órdenes judiciales.
Sin embargo, la empresa sigue teniendo que cumplir los demás requisitos y tarifas que correspondan a la petición H-1B. El bloqueo de los $100,000 no convierte el procedimiento H-1B en gratuito ni garantiza la aprobación de la visa.
Ejemplo 2: trabajador que ya tiene una H-1B
Una persona que ya posee una H-1B no debe asumir que cada renovación costaba $100,000. Las propias orientaciones gubernamentales habían delimitado la aplicación del pago extraordinario principalmente a determinadas nuevas peticiones y habían indicado que no se aplicaba de manera general a visas H-1B previamente emitidas ni a renovaciones. Cada situación migratoria debe analizarse según el tipo de petición y las circunstancias concretas.
¿Y qué pasa con la nueva tarifa de $103,265?
Aquí existe una distinción fundamental. El Department of Homeland Security (DHS, Departamento de Seguridad Nacional) publicó en agosto de 2026 una propuesta regulatoria separada que plantea una tarifa adicional de $103,265 para determinadas peticiones H-1B sujetas al cupo anual.
Esa propuesta no es lo mismo que el pago presidencial de $100,000. El DHS está intentando establecerla mediante un procedimiento regulatorio formal y ha invocado una base jurídica distinta. El propio documento del Gobierno reconoce la proximidad entre ambas cantidades, pero distingue expresamente una medida de la otra.
El texto oficial de la propuesta establece una tarifa de $103,265 por cada petición H-1B sujeta al cap, adicional a otras tarifas requeridas, y proyecta aproximadamente $8.8 mil millones anuales si se aplicara a 85,000 peticiones. Puede consultarse la propuesta oficial publicada para inspección del Federal Register.
Al 3 de octubre de 2026, los $103,265 son una propuesta regulatoria, no una tarifa final que deba confundirse con el pago de $100,000 bloqueado por los tribunales.
Preguntas frecuentes
¿La H-1B fue cancelada?
No. El programa H-1B continúa existiendo. La controversia judicial se refiere al pago extraordinario y a las políticas utilizadas para implementarlo.
¿La corte eliminó todas las tarifas H-1B?
No. Las tarifas ordinarias establecidas por leyes y regulaciones continúan siendo un asunto separado. La orden se dirige a las políticas que implementaban el pago extraordinario de $100,000.
¿Trump puede volver a imponer los $100,000 mañana?
No simplemente ignorando las órdenes vigentes. El Gobierno puede apelar, buscar una suspensión de las decisiones o intentar establecer políticas mediante procedimientos administrativos que cumplan las exigencias legales señaladas por los tribunales. El resultado dependerá de los litigios y de cualquier nueva actuación regulatoria.
¿La decisión de California es definitiva?
No. Se trata de una decisión dentro de un litigio que continúa y puede ser revisada en apelación. La orden del 30 de septiembre concedió en parte una solicitud de medida cautelar preliminar y dejó otras cuestiones para etapas posteriores.
¿La propuesta de $103,265 quedó bloqueada también?
No. Es un procedimiento regulatorio separado. Que los tribunales hayan bloqueado las políticas de implementación de los $100,000 no equivale a una decisión judicial definitiva sobre la propuesta de $103,265.
Qué debemos vigilar ahora
Hay cuatro frentes principales: las apelaciones de las decisiones existentes; el desarrollo del caso Global Nurse Force en California; el procedimiento regulatorio del DHS sobre los $103,265; y cualquier nueva orientación de USCIS, el Departamento de Estado o la Casa Blanca en respuesta a las órdenes judiciales.
La situación es especialmente dinámica porque actualmente existen decisiones judiciales que no han interpretado de la misma manera todos los aspectos de la autoridad presidencial y administrativa. Por eso, empleadores y trabajadores con una petición inmediata deben comprobar la orientación oficial vigente en el momento de presentar documentos o realizar pagos.
Fuentes oficiales y documentos consultados
- U.S. District Court, Northern District of California: orden del 30 de septiembre de 2026 en Global Nurse Force et al. v. Trump et al.
- Casa Blanca: Proclamación del 18 de septiembre de 2026 que extendió la medida H-1B
- Federal Register: Proclamation 11069
- Federal Register: propuesta de tarifa de $103,265 para determinadas peticiones H-1B
- Oregon Department of Justice: historial del litigio California v. Mullin
Este artículo ofrece información general y no constituye asesoría legal. Las reglas migratorias y las órdenes judiciales pueden cambiar rápidamente; antes de presentar una petición o realizar un pago, consulte la información oficial vigente y, cuando corresponda, asesoría jurídica individual.
